Se busca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentre responsable a El Salvador por haber violado los derechos de Beatriz y determine la reparación integral de los daños causados a ella y a su familia.
El caso evidenció un sistema legal que cobra vidas y viola derechos humanos, como el derecho a la vida y la salud.
Ciudad de México, 12 de enero de 2022. Este 5 de enero, el Caso de Beatriz, una joven salvadoreña a quien en 2013 se le negó el acceso oportuno a una interrupción del embarazo, fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“El gobierno de Nayib Bukele tendrá la oportunidad de cambiar la historia de miles de mujeres en territorio salvadoreño para que tengan acceso a servicios de salud que les salven la vida y respeten sus derechos humanos.Confiamos en que atenderán el llamado de instancias internacionales para revisar su legislación y políticas públicas, y con ello proteger los derechos de las mujeres”, destacó al respecto María Antonieta Alcalde, directora de Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM).
A la joven salvadoreña y su familia, la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo la sometió a un proceso tremendamente injusto y doloroso: continuar, durante ocho meses, con un embarazo inviable por malformaciones del producto que le impedían vivir fuera del útero y que, además, afectó gravemente su salud, pues ella padecía lupus.
En 2013, sólo después de la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Beatriz pudo acceder a una cesárea programada, lo que afectó gravemente su vida y su salud.
El Salvador es uno de los pocos países donde el aborto está totalmente prohibido bajo cualquier circunstancia, incluso cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la salud o vida de la mujer están en riesgo o el producto presenta condiciones incompatibles con la vida fuera del útero.
“Es cruel, es absurdo que, en estos casos, las mujeres no puedan interrumpir el embarazo. Beatriz sufrió por la negligencia de un Estado indolente, que, hasta el momento, no ha traído justicia a su familia ni ha implementado las medidas necesarias para asegurar que este caso no se vuelva a repetir”, destacó María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM.
“La prohibición total del aborto en El Salvador, hoy, sigue cobrando vidas o sigue condenando injustamente a las mujeres a la cárcel. Por eso, celebramos que la CIDH haya enviado este caso a la CorteIDH y esperamos una resolución favorable a los derechos de las mujeres y que haga justicia a Beatriz”.
En noviembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe de Fondo sobre el caso, recomendó al Estado de El Salvador, entre otras medidas, reparar integralmente las violaciones contra Beatriz y sus familiares; adoptar medidas legislativas para posibilitar la interrupción del embarazo en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, así como de riesgo grave a la vida, la salud y la integridad de la mujer; y adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo el diseño de políticas públicas, para asegurar que el acceso a la interrupción del embarazo una vez que se legalice bajo estas ciertas circunstancias.
Hoy, en conferencia de prensa conjunta de Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM) la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) –todas, organizaciones copeticionarias del caso ante el SIDH–, comunicamos nuestra expectativa de que el juicio del caso ante la Corte IDH derivará en una resolución que ratifique estas recomendaciones.
Esto, sin duda, coloca la oportunidad a la actual administración, encabezada por Nayib Bukele, de atender la deuda histórica del país centroamericano con las mujeres, niñas y adolescentes salvadoreñas, quienes, hoy por hoy, son víctimas de afectaciones a su salud e incluso la muerte por falta de acceso a servicios de aborto seguro.
Desde Ipas Centroamérica y México llamamos a generar las condiciones políticas y legislativas necesarias para colocar en la agenda pública la necesidad de accionar para que casos tan dolorosos como los de Beatriz no se repitan.
