El Salvador, 20 de diciembre de 2024. “Yo solo quiero vivir”, dijo Beatriz hace 11 años. Beatriz era una joven madre de un niño pequeño, enferma de lupus y que vivía en pobreza. En 2013 enfrentó un segundo embarazo de alto riesgo, en el cual se diagnosticó que el feto presentaba anencefalia, es decir, que no había desarrollado cerebro, una condición incompatible con la vida fuera del vientre. Los médicos recomendaron interrumpir el embarazo para proteger su vida y su salud, sin embargo, ante la penalización absoluta del aborto en El Salvador, el Estado le negó este procedimiento.
Por eso es tan relevante la sentencia que hoy ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que señala la responsabilidad del Estado salvadoreño en el caso Beatriz y otros vs. El Salvador.
De acuerdo con el fallo, el Estado es responsable de violar los derechos a la integridad personal, a la vida privada, a la protección judicial, a vivir una vida libre de violencia y el derecho a la salud de Beatriz, así como el derecho a la integridad personal de sus familiares. Al respecto, la Corte señaló:
“Las circunstancias médicas de Beatriz imponían un deber especial de protección en su favor, que obligaba a los médicos tratantes a brindar una atención diligente y oportuna, con una consideración especial a que su condición de salud podía empeorar con el paso del tiempo. Sin embargo, la falta de certeza jurídica sobre el abordaje de la situación de Beatriz obligó a burocratizar y judicializar su caso, primero con diversas solicitudes a diferentes órganos estatales que dieron respuestas contradictorias”
La sentencia reconoce que el embarazo que enfrentaba Beatriz era de alto riesgo y que la atención de salud que recibió se dio en un marco de inseguridad jurídica, lo cual inhibió la actuación del personal ya que tenían temor de incurrir en responsabilidad penal. “La Corte considera que se puso en riesgo la salud de Beatriz debido a que no existían protocolos claros para un caso como el de ella. Esto además implicó una situación de violencia obstétrica en contra de Beatriz y la sometió a una profunda angustia que afectó su derecho a la integridad física”.
En ese sentido, ordenó a El Salvador implementar las medidas normativas necesarias para brindar certeza jurídica al personal médico sobre cómo proceder en embarazos que pongan en riesgo la salud y vida de las mujeres.
Para Delmy Cortez, la madre de Beatriz, este fallo representa un momento culminante “Me siento agradecida por esta lucha que fue bastante larga, pero hemos obtenido respuesta. Estoy segura de que Beatriz, desde donde esté, se siente satisfecha por la lucha que se ha hecho” y lanzó un mensaje a todas las madres que buscan justicia para sus hijas e hijos en El Salvador.
Humberto, hermano de Beatriz, sumó su voz para agradecer a las organizaciones que han estado acompañando la lucha y agradeció a la Corte por esta sentencia justa. “Queremos que el Estado nos escuche y asuma su responsabilidad, que se equivocó con Beatriz y se ha vuelto a equivocar al encarcelar por el régimen de excepción a Mauricio, hermano de Beatriz, queremos pedir que lo libere porque es inocente”.
Las organizaciones representantes de Beatriz y su familia: Colectiva Feminista por el Desarrollo Local, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), recordaron que la lucha de Beatriz y su familia ha permitido visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres en El Salvador y el mundo y señalaron que con esta decisión se avanza en lo que Beatriz siembre quiso: que ninguna mujer sufra lo que ella vivió.
Gisela De León, directora jurídica de CEJIL destacó que la condena dictada por la Corte en este caso reconoce lo que Beatriz y su familia han reclamado por años: que no recibió la atención médica que el Estado salvadoreño debería haberle proporcionado y que no se le brindó justicia a nivel interno.
Por su parte, Fernanda Díaz de león, subdirectora de incidencia de Ipas LAC, recordó que la Corte determinó que el Estado deberá generar la normativa para que el personal de salud sepa cómo proceder ante embarazos de alto riesgo, y que esta debe ser acorde con los más altos estándares de protección a la salud, a la vida e integridad de las mujeres.
“Nos parece muy importante que la Corte, como medida de no repetición, haya señalado también fortalecer las habilidades del personal de salud para que la normativa sea aplicada de manera cabal y que con esto, se dé cumplimiento al derecho a la salud y a al derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en El Salvador”, expresó Díaz.
Para Morena Herrera, destacada feminista y defensora derechos humanos, presidenta de la Agrupación Ciudadana, y una de las personas que acompañó a Beatriz desde el inicio del proceso, con esta sentencia se ha hecho justicia para Beatriz.
“Estamos muy satisfechas en cuanto a la justicia que se ha hecho para Beatriz. La Corte ha reconocido la violación a Derechos Humanos de Beatriz, a su integridad y a su derecho a la salud. Establece que el procedimiento inadecuado al embarazo de alto riesgo que tenía Beatriz implicó costos y sufrimiento para ella, Delmy y su familia. En ese sentido, la Corte ha hecho justicia con Beatriz y su familia reconociendo y estableciendo la responsabilidad internacional del Estado ante esta violación de derechos humanos”.
Las organizaciones reconocen especialmente el impulso de la familia de Beatriz, que nunca abandonó su búsqueda de justicia, y el incansable acompañamiento y soporte del movimiento feminista y las organizaciones de mujeres en El Salvador y en el mundo, recordando que la lucha por justicia en el caso Beatriz, es justicia para todas.
A partir de este momento, inicia el proceso de exigir su cumplimiento.
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