– “Yo quiero vivir”: La voz de Beatriz se escuchó en la Corte IDH.
Las organizaciones representantes que hemos acompañando a la familia de Beatriz y llevado su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos sentimos positivas y esperanzadas después de finalizada la Audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los días 22 y 23 de marzo en Costa Rica.
Para la Corte IDH quedó en evidencia que Beatriz vio vulnerados sus derechos a la vida, integridad y salud, a la vida privada y familiar, incluyendo su derecho a la autonomía y al acceso a la justicia y garantías judiciales, entre otros.
Por medio de testimonios, peritajes médicos y prueba documental se demostró que no haber realizado la interrupción del embarazo en el momento en que fue médicamente recomendado, agravó la situación de riesgo para la vida, integridad y la salud física y mental de Beatriz; esto constituyó una forma de tortura. Este riesgo estaba basado en sus enfermedades preexistentes, en que en su primer embarazo había sufrido una preeclampsia grave y en el hecho de que gestaba un feto anencefálico, incompatible con la vida fuera del útero.
La prueba del proceso es abundante e incuestionable. Beatriz no recibió el tratamiento unánimemente recomendado por sus médicos tratantes al inicio del embarazo porque El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia. De la voz de su madre, de su médico y de ella misma escuchamos el temor que tuvieron ante la posibilidad de ser criminalizados. Este temor se sumó al expresado por Beatriz ante la posibilidad de morir mientras esperaba recibir la realización del procedimiento.
Diez años después, esta prohibición, injusta y discriminatoria, sigue atentando contra la voluntad, la autonomía, la salud y la vida de las mujeres en El Salvador, en particular, de las más vulnerabilizadas: jóvenes y en situación de pobreza.
A lo largo de los dos días de audiencia el Tribunal recibió argumentos suficientes para reconocer que la penalización absoluta del aborto es contraria a la obligación de resguardar derechos y que el acceso al aborto en casos como el mencionado es un servicio de salud y, por lo tanto, debe ser lícito.
Como dijo con firmeza su madre, el Estado le falló a Beatriz. Ahora, El Salvador tiene la oportunidad de reparar el daño a una familia que lleva diez años esperando justicia y que no ha cesado de repetir la demanda primordial de Beatriz: que ninguna otra mujer tenga que sufrir la crueldad, la incertidumbre y la tortura que ella vivió.
Por ello, junto a la familia de Beatriz confiamos en que la Corte IDH reconocerá la responsabilidad del Estado salvadoreño por violar los derechos de Beatriz y le ordenará que genere las condiciones jurídicas necesarias para asegurar el acceso a los servicios de aborto seguro cuando esté en riesgo la salud, integridad y la vida de las mujeres.
Asimismo, que adopte leyes y políticas públicas integrales para garantizar que, en estos casos, el acceso al aborto sea efectivo en la práctica y asegure que la formación profesional de los proveedores de la salud garantice los derechos reproductivos de las mujeres.
Agradecemos a las organizaciones de mujeres y feministas, así como a todas las personas que, en El Salvador, Costa Rica y el mundo entero se sumaron a las exigencias de justicia para Beatriz y su familia, acuerpando su causa y reconociendo que la justicia en su caso, es justicia reproductiva para todas.
Llamamos a mantener la solidaridad y la esperanza mientras llega la sentencia de la Corte IDH, a sostener los llamados de justicia para Beatriz y reafirmamos nuestro compromiso con la familia y con Beatriz, la mujer que conmovió al mundo y reafirmó nuestra fuerza por la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
San José, Costa Rica. 24 de marzo de 2023
