Por Lourdes Molina Escalante, Economista sénior
7 de diciembre, 2021
Cualquiera de nosotras, en especial si se encuentra en situación de pobreza, puede ser criminalizada ante una emergencia obstétrica, las cuales son más comunes de lo que pensamos, basta que hablemos francamente con las mujeres que nos rodean.
En medio de la coyuntura es muy fácil olvidarnos de que el Estado salvadoreño sigue sin garantizar nuestros derechos e incluso, en muchos casos, es el principal responsable de su vulneración y violación. El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en el «Caso Manuela y otros versus El Salvador», en la misma el Estado salvadoreño fue encontrado responsable de la detención, condena y muerte de Manuela.
¿Quién era Manuela? Manuela era una mujer que habitaba en la zona rural de nuestro país, tenía recursos económicos escasos, nunca tuvo acceso a educación y aunque por más de dos años recurrió, por diversos padecimientos (incluyendo masas en el cuello), al sistema público de salud, este fue incapaz de atenderla, diagnosticarla y tratarla adecuadamente. A Manuela, como a muchas otras personas, el Estado le falló una y otra vez a lo largo de su vida.
En 2008, durante la recta final de su embarazo sufrió una fuerte caída que le provocó dolor y hemorragia; al día siguiente, con un intenso dolor abdominal utilizó la letrina, sintió que evacuó y se desmayó, al recobrar el conocimiento, utilizó sus fuerzas para arrastrarse hasta su cama, donde su familia la encontró desangrándose e inconsciente, ante lo cual la llevaron al Hospital Nacional de San Francisco Gotera. En el Hospital, y antes de brindarle la atención médica correspondiente, el personal de salud presentó una denuncia en su contra por el delito de aborto. La Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en la vivienda de Manuela, encontrando a su hijo muerto en la letrina y amedrentando a su familia, acusándolos de ser cómplices y obligando a su padre, analfabeto, a poner su huella en un documento que luego sería utilizado como una denuncia de él contra su propia hija. Manuela fue tratada en el hospital, esposada a su camilla, y luego fue trasladada a prisión, donde su salud continuó deteriorándose. Seis meses después, Manuela fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado en contra de su hijo.
Al siguiente año, mientras permanecía encarcelada, su salud empeoró y finalmente fue diagnosticada con cáncer en el cuello, por lo que se le prescribió un tratamiento de quimioterapia, tratamiento que el Estado fue incapaz de garantizar. A inicios de 2010, su salud estaba tan complicada que fue internada en el Hospital Nacional Rosales, donde murió en marzo de ese año. Hay elementos adicionales que resultan relevantes en el caso de Manuela: conoció a su abogado defensor el mismo día que la condenaron, que este fue incapaz de interponer algún recurso legal, que una investigadora del caso y el propio juez externaron prejuicios de culpabilidad basados en el estereotipo de lo que es ser madre y cómo estas deben actuar, entre otros.
Con base en lo anterior, la Corte ha declarado responsable internacionalmente al Estado salvadoreño por violentar los derechos a «[…] la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, y a la salud […]» de Manuela y a la integridad personal de su familia. Al mismo tiempo la Corte definió medidas de reparación para la familia de Manuela y le ordenó al Estado salvadoreño, entre otras cosas, a regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica; desarrollar un protocolo de atención médica para atender mujeres con emergencias obstétricas e implementar un programa de educación sexual y reproductiva. Luego de muchos años de angustia y sufrimiento, Manuela y su familia finalmente han obtenido justicia.
Y aunque esto constituye un avance en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres salvadoreñas, aún hay mucho por cambiar. En la actualidad aún hay decenas de mujeres que están cumpliendo largas condenas en prisión por haber experimentado emergencias obstétricas. Como consecuencia de un marco legal que penaliza absolutamente el aborto, cualquiera de nosotras, en especial si se encuentra en situación de pobreza, puede ser criminalizada ante una emergencia obstétrica, las cuales son más comunes de lo que pensamos, basta que hablemos francamente con las mujeres que nos rodean. La sentencia en el caso de Manuela es una nueva oportunidad para que el Estado salvadoreño cambie su marco legal de uno que criminaliza y condena a las mujeres, a uno que garantice todos sus derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos.
Lourdes Molina Escalante
Texto publicado e Gato Encerrado.
Retomado el 1 de marzo de 2023, en:
