Por: Red Universitaria de Diversidad Sexual y Género (Fresno UCA), integrante de la Plataforma Beatriz, El Salvador
marzo,2023
En El Salvador toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Derechos que expresa el Artículo 2 de la Constitución de la República; el instrumento base del que se derivan mecanismos de protección para cada persona en el país. Sin embargo, es un hecho que, basándose en la libertad de expresión y junto con ella, la religión, la política e ideología de cada individuo. En razón del tiempo, representativamente han sido factores determinantes que, en particular, detienen el derecho de opción de las mujeres. Y ese es el caso de Beatriz una mujer que se encontró bajo la cohesión de la sociedad tratando de salvar su vida ante las críticas de los demás.
En ese sentido, es común que el fundamento de la vida de las gerencias ultraderecha y conservadora sea abstracto y vago, débil de reflexión y para nada considerado con el contexto y las contingencias surgidas en nuestro país. La vida es concreta, cuando hablamos sobre la despenalización del aborto, hablamos sobre la protección y garantía de la vida, de poder brindar autonomía, física y moral que sólo puede venir del cuerpo materno, porque sin el cuerpo materno no se gesta ni desarrolla el feto. Y todo esto desviste y revela la inconsistencia jurídica y moral de la que se jactan estos grupos: criminalizar a mujeres que no están en condiciones de ser madres atentas contra la vida de ellas de manera exagerada, y entonces, no se defiende la vida de ellas, ni mucho menos forman parte de su discurso o consideraciones.
La base moral de El Salvador les exige a las mujeres ser madres antes que mujeres, determina que el mayor punto de realización de todas es la maternidad, pero ¿qué sucede cuando el ser madre pone en riesgo el ser mujer? esto queda en evidencia en la historia de Beatriz, ella padecía de lupus y pasaba por su segundo embarazo cuando el equipo médico le comunica que la vida del feto era inviable fuera del útero y continuar el embarazo ponía en riesgo su salud; era el aborto la opción que Beatriz tenía para poder proteger su vida, pero El Salvador ha arrebatado este derecho reproductivo a todas las mujeres y personas gestantes por lo que es el responsable de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que enfrentó Beatriz.
No requiere de una reflexión tan crítica y profunda el evidenciar la violencia y condiciones bajo las que se encuentran estas mujeres, y las consecuencias enormes que tiene la criminalización y la condena para ellas, dificultando aún más su subsistencia; y la de todas las personas que les rodean teniendo en cuenta que muchas de ellas encabezan la estructura familiar. No obstante, para el Comité de Derechos Humanos los Estados no deberían regular el embarazo o el aborto de manera contraria a su deber de velar por que las mujeres no tengan que recurrir a abortos peligrosos, por ejemplo, no deberían aplicar sanciones penales a las mujeres que se someten a un aborto o a los médicos que las asisten para hacerlo, cuando se prevea que la adopción de esas medidas va a suponer un aumento significativo de los abortos peligrosos, deberían remover las barreras existentes para el acceso al aborto seguro y legal, así como proteger la vida de las mujeres respecto de los riesgos de salud física o mental relacionados con abortos inseguros.
Aunque los Estados pueden adoptar medidas destinadas a reglamentar la interrupción del embarazo, dichas medidas no deben resultar en la vulneración del derecho a la vida de la mujer embarazada, así como en aquellas situaciones que la continuación del embarazo causaría a la mujer graves dolores o sufrimientos, sobre todo en los casos en que el embarazo es producto de violación o incesto, o el embarazo no es viable. En definitiva, apoyar el caso de Beatriz es luchar por el reconocimiento de los derechos reproductivos, contra la dominación del sistema patriarcal que sigue decidiendo sobre los cuerpos y para que el aborto y la maternidad deseada sean decisiones que todas las mujeres y personas gestantes puedan tomar.
Ya que, es la realidad de la mujer salvadoreña que la existencia de desigualdades sociales y las diversas condiciones de discriminación que se verifiquen sobre una persona son determinantes sociales del efectivo disfrute de la salud sexual y reproductiva. Asimismo, el hecho de que una acción o prohibición esté revestida de legalidad de acuerdo al derecho interno, no implica la ausencia de alguna infracción al tratado internacional pertinente, es decir no se puede presentar de excusa una prohibición legal o constitucional para incumplir con las obligaciones internacionales que emanan del mismo; la negación del Estado de interrumpir el embarazo en un supuesto en el que el feto era incompatible con la vida “sometió a la autora a situaciones de intenso sufrimiento físico y psíquico”. Claramente, la situación de saber que el embarazo no era viable, así como “la vergüenza y el estigma asociados a la penalización del aborto de un feto afectado por una dolencia incompatible con la vida” generó una “angustia física y mental” en Beatriz.
Parece ser que “las ideas conservadoras y fundamentalistas” siguen dominando los espacios donde se elaboran las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, ya que éstas siguen siendo escasas y de baja calidad. Es evidente que la despenalización absoluta del aborto facilitaría y garantizaría los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres salvadoreñas, tanto en lo que se refiere al acceso a la información sobre salud reproductiva, como a la atención a la salud materna de calidad. Por lo tanto, las restricciones jurídicas que limiten la capacidad de las mujeres para someterse a un aborto no deben, entre otras cosas, poner en peligro sus vidas ni exponerlas a dolores o sufrimientos físicos o psíquicos.