# Justicia para Beatriz
#SentenciaJusta
La historia de Beatriz no es la única
En 1997 en El Salvador se reformó el Código Penal para establecer la prohibición del aborto.Desde esa fecha se instaló la persecución de mujeres que sufren una emergencia de salud durante el embarazo.
La investigación Del Hospital a la Cárcel registró 181 casos judicializados de 1998 a 2019 que permiten “identificar el impacto legal de la actual legislación penalizadora”. Al día de hoy, el número de casos judicializados ha aumentado a 196.
El caso de Beatriz es emblemático porque dejó al descubierto las graves consecuencias de la penalización de la interrupción del embarazo, restricción que le impidió acceder de forma oportuna a un aborto cuando su vida y su salud estuvieron en riesgo.
Interrumpir el embarazo en El Salvador, de forma legal y segura, es prácticamente imposible desde 1998. Con la reforma al Código Penal, El Salvador se convirtió en uno de los últimos países en el mundo que mantiene una prohibición total alrededor del aborto. Desde entonces, las mujeres salvadoreñas son obligadas a continuar con embarazos aun cuando estos sean resultado de violación, incluso cuando está en riesgo su vida o su salud, o cuando se diagnostican malformaciones genéticas graves en el producto que hacen inviable la vida fuera del útero. Se les acusa de haber provocado los abortos aun sin evidencias o incluso cuando las evidencias muestren lo contrario.
Desde este retroceso legal, el Estado salvadoreño ha ignorado los acuerdos internacionales, ha hecho caso omiso a los llamados de organismos expertos en salud y derechos humanos como la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres quienes han sostenido que la prohibición total del aborto es una grave violación a los derechos humanos y han urgido a los Estados a modificar sus marcos normativos para eliminar la criminalización por aborto que afecta a las mujeres en general, pero sobre todo a las menos atendidas, a las más vulnerables, a las que tienen menos oportunidades de salir adelante.
De acuerdo con el código penal vigente, las mujeres en situaciones de aborto pueden ser sentenciadas a hasta 8 años de cárcel, o hasta 50 cuando se les acusa “homicidio agravado”. Criminalizando y encarcelando, incluso, a las mujeres que sufren abortos espontáneos.
El Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) estima que solo entre 2005 y 2008 ocurrieron 20,000 abortos ilegales e inseguros, a pesar de la prohibición total. En 2011, la OMS señaló que el 11 por ciento de las mujeres que se sometieron a un aborto ilegal en el país murieron a consecuencia de procedimientos inseguros, realizados en condiciones de ilegalidad y clandestinidad, sin la atención del personal de la salud capacitado, sin el uso de la tecnología adecuada o los insumos clínicos recomendados y usados en el mundo.
Beatriz puso al descubierto ante el mundo los graves impactos que genera la penalización absoluta del aborto en El Salvador: la prohibición afecta principalmente a las mujeres que viven en vulnerabilidad, va en contra de la protección de la vida y la salud de las mujeres, niñas y personas gestantes; las mujeres corren el riesgo latente de morir durante el embarazo o de ser encarceladas por sufrir alguna complicación médica durante el embarazo o parto. Además, las y los profesionales de la salud no puedan salvar la vida de las mujeres: temen alertarlas o intervenir en embarazos de alto riesgo debido a que no pueden ofrecerle la opción de interrumpirlos, aunque ellas lo necesiten.
La historia de Beatriz demuestra que existen abortos que al ser negados se convierten en actos de tortura y violaciones a los derechos de las mujeres y sus familiares.
“No quisiera que otras mujeres pasen lo mismo que yo pasé, por eso he puesto una demanda al Estado”
La historia de Beatriz refleja la realidad de millones de mujeres en Latinoamérica y el Caribe.
¡Súmate a la petición de #SentenciaJusta!
