Una mujer salvadoreña desafió al gobierno de El Salvador en 2013 al pedir la interrupción de un embarazo que ponía en peligro su vida, tras ser diagnosticada con lupus, insuficiencia renal y artritis. Además, los diagnósticos indicaban que su feto tenía anencefalia, un grave defecto en el que el bebé nace sin partes del encéfalo y del cráneo.