# Justicia para Beatriz
#SentenciaJusta
Beatriz
Una mujer/madre joven, de una zona rural de El Salvador, en pobreza extrema y con lupus, que luchó contra el Estado salvadoreño para que le permitiera interrumpir un segundo embarazo, luego de que el producto fuera diagnosticado como anencefálico, una malformación que impide que se desarrollen el cráneo y el cerebro, e imposibilita la vida fuera del útero.
Un año atrás, a los 21 años, Beatriz fue madre, luego de varias intervenciones médicas hospitalarias por un embarazo de alto riesgo debido a anemia severa, artritis reumatoide, hipertensión arterial, preeclampsia y lupus agravada con nefropatía lúpica. Luego de una cesárea, conoció a su hijo prematuro tras 38 días de internamiento.
Cuando su hijo tenía apenas 9 meses, Beatriz quedó nuevamente embarazada. En esta ocasión, su cuerpo tenía menos posibilidades de soportar y llevar a término el embarazo, pero, además, los médicos diagnosticaron desde el inicio que el producto venía con malformaciones y que no había esperanza de vida una vez nacido. El personal médico coincidía: era necesario interrumpir el embarazo, pues cada día se agravaba el estado de salud de Beatriz, ya mermado por el primer y reciente embarazo.
En 2013, la historia de Beatriz conmocionó y acaparó la atención de personas, organizaciones, medios de comunicación, sociedades médicas, líderes de opinión y tomadores de decisión en distintos países y regiones del mundo porque evidenció la escandalosa cerrazón del Estado salvadoreño. Su negación para flexibilizar las leyes y políticas en materia de aborto, así como su falta de voluntad política y acción inmediata para evitar afectaciones directas a Beatriz -incluso cuando su vida estuvo en mayor riesgo-, trascendió los límites territoriales y detonó la presión social nacional e internacional.
A pesar de los dictámenes médicos que desde el primer momento establecían la interrupción del embarazo como procedimiento inmediato para salvaguardar la vida de Beatriz, la exigencia social y de organizaciones sociales, así como el monitoreo de los organismos de derechos humanos, el Estado salvadoreño se negó a autorizar el procedimiento. Beatriz fue forzada a continuar con el embarazo inviable durante casi 3 meses más, a costa del detrimento de su salud y la pérdida de años de vida.
Finalmente, tras la intervención de la Corte IDH, el Estado salvadoreño fue obligado a realizar el procedimiento de interrupción del embarazo el 3 de junio. Siete días después, Beatriz fue dada de alta según lo solicitó.
Beatriz, la mujer que puso al descubierto ante el mundo los graves impactos de la penalización absoluta del aborto en El Salvador, murió el 8 de octubre de 2017. Su deteriorado estado de salud, por la enfermedad que padecía, provocó que las consecuencias de un accidente de tránsito se agravaran; después de haber sido dada de alta, presentó problemas respiratorios y dos paros cardíacos.
Desde entonces, las organizaciones de sociedad civil que acompañaron a Beatriz durante todo el proceso de interrupción mantienen un proceso de litigio ante la CIDH en contra el Estado salvadoreño; buscan honrar la memoria de Beatriz y exigen la reparación integral del daño a su familia, medidas de no repetición para asegurar que ninguna niña ni ninguna mujer se verá forzada a pasar por lo que Beatriz pasó, además de la modificación del marco normativo que atenta contra la vida de miles de salvadoreñas.
Las leyes salvadoreñas que afectan a mujeres por la criminalización total del aborto pueden cambiar.
La audiencia en la Corte IDH ocurrió este 22 y 23 de marzo, la sentencia marcará un precedente para El Salvador y Latinoamérica.
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La historia de Beatriz no es la única
En 1997 en El Salvador se reformó el Código Penal para establecer la prohibición del aborto. Desde esa fecha se instaló la persecución de mujeres que sufren una emergencia de salud durante el embarazo.
La investigación Del Hospital a la Cárcel registró 181 casos judicializados de 1998 a 2019 que permiten “identificar el impacto legal de la actual legislación penalizadora”. Al día de hoy, el número de casos judicializados ha aumentado a 196.
El caso de Beatriz es emblemático porque dejó al descubierto las graves consecuencias de la penalización de la interrupción del embarazo, restricción que le impidió acceder de forma oportuna a un aborto cuando su vida y su salud estuvieron en riesgo.
“Comenzamos a hacer un recuento de los casos y había casos similares al de ella”
Guillermo Ortiz, Médico tratante de Beatriz
“No quisiera que otras mujeres pasen lo mismo que yo pasé, por eso he puesto una demanda al Estado”
La historia de Beatriz refleja la realidad de millones de mujeres en Latinoamérica y el Caribe.
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