La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado salvadoreño a que brinde un informe en torno al caso de Beatriz en un plazo de tres meses que vencen el próximo 24 de junio. Por medio de un trámite expedito, la Comisión priorizó el caso y acortó el proceso unos tres años, tomando en cuenta las graves consecuencias que ocasiona la legislación salvadoreña a los derechos de las mujeres al penalizar todo tipo de aborto.
La demanda contra El Salvador se basa en las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida Beatriz, joven salvadoreña que padeciendo una enfermedad crónica grave quedó embarazada a finales del año 2012. Los médicos recomendaron aplicar el aborto terapéutico debido a que su salud y sobrevivencia estaban en riesgo y porque el feto presentaba anomalías congénitas incompatibles con la vida.
Sin embargo, los doctores del sistema público de salud no le realizaron la interrupción del embarazo por temor a ser sancionados penalmente. Sólo bajo el amparo de las medidas ordenadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se procedió a realizar la cesárea, en la semana 26 de embarazo.
