ias extremas de riesgo para la salud o la vida de la mujer, la inviabilidad del feto o si el embarazo es consecuencia de una violación.
La historia de Beatriz refleja las consecuencias de la penalización absoluta del aborto y la violencia institucional que se ejerce contra la vida de niñas, jóvenes y mujeres salvadoreñas. Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, entre enero del año 2000 y marzo de 2011, un total de 129 mujeres han sido procesadas en El Salvador por los delitos de aborto u homicidio agravado, con penas que oscilan entre los dos y los cuarenta años de cárcel; actualmente, por lo menos 30 mujeres están privadas de libertad por estas causas, la mayoría habían sufrido pérdidas de sus embarazos por diversas complicaciones obstétricas.
En relación con las restricciones legales del aborto, el Dr. Anand Grover, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, afirmó en su informe del año 2011 “que la creación o el mantenimiento de leyes penales que criminalizan el aborto, crea y perpetúa las condiciones de abortos inseguros, inapropiados y riesgosos, y pueden resultar en violaciones a las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud”.
En la experiencia vivida por Beatriz, las organizaciones peticionarias sostenemos que el Estado de El Salvador es responsable por las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufrió, los cuales se encuentran protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
El objetivo de esta denuncia es que se repare integralmente el daño sufrido por Beatriz, y se ordene al Estado salvadoreño la modificación de su normativa interna para garantizar plenamente a las mujeres, entre otros derechos, el derecho a la salud, a la integridad personal, los derechos reproductivos y el derecho a una tutela judicial efectiva.
Como parte de la demanda las organizaciones estamos lanzando la campaña “Yo apoyo la demanda de Beatriz, porque me importa salvar la vida de las mujeres”, la que estaremos compartiendo por diversos medios de comunicación a partir de esta fecha concluyendo el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Hacemos un llamado a la población en general para que manifieste su apoyo a Beatriz, compartiendo el logo y el lema de la campaña y enviando mensajes alusivos al tema.
Las organizaciones peticionarias ante la CIDH son La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, IPAS Centroamérica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
